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Viernes, 26 Mayo 2017 20:03

Editorial

Escrito por  El editor
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Una de las partes más importantes inherentes a cualquier estado moderno es la separación de poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial deben trabajar a la par, pero bajo direcciones aisladas y ajenas unos de otras para ser realmente garantes de eso que se conoce como estado de derecho.

Lamentablemente asistimos como espectadores, cuando somos cómplices, a la constante violación de este principio básico de las democracias modernas en la sociedad española. Como ciudadanos, somos nosotros los responsables de elegir a quien nos gobierna, y últimamente solo salen de entre nosotros chusma dispuesta a ocupar los puestos dirigentes. Una chusma arribista que solo defiende los intereses de una minoría, la oligarquía económica, mientras que la mayoría claudica ante la falta de dedicación, de esfuerzo y de interés, solo viviendo para molestarse por minucias.

Mientras tanto, las estructuras franquistas, que nunca fueron derrotadas sino transformadas, permiten la continua injerencia del ejecutivo y legislativo en el poder judicial, verdadero garante de hacer cumplir la ley. Solo por la enajenación mental de una sociedad poco acostumbrada a la democracia, sino más bien al ordeno y mando de unos pocos (caudillo y sucesores) se puede explicar el juego con fiscales, fiscalías y jueces instructores que un partido podrido hasta la saciedad realiza, sin el menor escarnio o escándalo público.

Si este fuera un país serio, no solo estarían ya los verdaderos responsables, por omisión o acción, en la cárcel, es que si salieran a la calle se les caería la cara de vergüenza. No es el caso.

Modificado por última vez en Viernes, 26 Mayo 2017 20:09
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